A destacar en el artículo:

La verdadera intención que se esconde tras la demagogia es la reducción de la bola de nieve incontenible en que se ha convertido el déficit de tarifa, provocado por unos precios políticos de la electricidad que no cubren los costes.

Esta fijación por el intervencionismo provoca inseguridad jurídica e incertidumbre...

El decreto supone en la práctica una penalización a las energías limpias y compromete el cumplimiento de los compromisos de España en materia de emisiones.

Ignasi, venga, ya esta bien la broma....

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Intervencionismo energético
El Gobierno pretende convalidar hoy en el Congreso el decreto por el que se intervienen las cuentas de las compañías eléctricas, mediante la detracción del coste de los derechos gratuitos de emisión de CO2, asignados por el propio Ejecutivo.

El decreto fue aprobado el pasado día 7 siguiendo un procedimiento reservado para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”, inexistentes en este caso. Ahora, con la mirada puesta en la inminente disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, el Gobierno intenta utilizar la artimaña de ofrecer su tramitación como proyecto de ley, y evitar una derrota similar a la sufrida tras el veto del Senado a los presupuestos del Estado.

Con este señuelo, Industria quiere asegurarse la aplicación inmediata de las polémicas medidas y relegar sine die el debate hurtado al Parlamento al elegir un procedimiento normativo excepcional para cambiar las reglas del juego en el mercado eléctrico. Esta maniobra forma parte del disfraz que utiliza el Gobierno ante los ciudadanos para aparecer como el defensor de los consumidores frente a la supuesta avaricia de las compañías. La verdadera intención que se esconde tras la demagogia es la reducción de la bola de nieve incontenible en que se ha convertido el déficit de tarifa, provocado por unos precios políticos de la electricidad que no cubren los costes.

El decreto supone en la práctica una penalización a las energías limpias y compromete el cumplimiento de los compromisos de España en materia de emisiones. Además del rechazo unánime de las empresas eléctricas, a las que el Gobierno ha conseguido unir, el decreto ha sido calificado de inconstitucional y contrario a la normativa comunitaria por expertos juristas, lo que augura una cadena de recursos ya anunciada por las compañías. El chaparrón regulatorio sobre las eléctricas en forma de decretos y órdenes ministeriales es un peligroso cóctel en el que se mezclan la incapacidad del Gobierno para abordar con rigor los retos del sector, el oportunismo político en vísperas electorales y una impostura ecológica irritante.

Esta fijación por el intervencionismo provoca inseguridad jurídica e incertidumbre, como consecuencia de una arbitrariedad e imprevisibilidad cuyos efectos no son inocuos para un sector clave en la economía del país. El balance de la legislatura en el sector eléctrico es decepcionante. Los daños colaterales de este anacrónico intervencionismo energético los acaban padeciendo todos, consumidores y empresas, pues afectan a la seguridad del suministro, a la calidad del servicio, a la competitividad de las empresas y al cumplimiento de los compromisos de Kioto.