"Noticias curiosas"
El riesgo de aplicar con prisas el golpe a las sicav
Máximo Suchowolski 10/4/2010 30178
Los expertos denuncian que incluir la retroactividad en la ley de PGE es contrario a la doctrina del Constitucional
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Con la fórmula jurídica escogida para dar salida al endurecimiento del régimen fiscal de las sicav, el Gobierno se ha creado un enemigo de considerable magnitud, el Tribunal Constitucional (TC), que no aplaude, precisamente, el uso de las leyes de Presupuestos para dar cobertura a cambios fiscales con carácter retroactivo. Ahora el Ejecutivo deberá encajar con calzador ese efecto temporal en cualquier otra ley que pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 1 de enero próximo. El riesgo de inconstitucionalidad del cambio normativo —la tributación como renta del ahorro de las devoluciones de aportación a los socios de las sicav— ya se planteó el pasado jueves, cuando el Gobierno hizo público el texto del proyecto de ley de Presupuestos, que establece el 23 de septiembre —vísperas del consejo de ministros en el que se anunció la medida— como fecha de corte para la entrada en vigor.
La propia fecha lleva a confusión. El jueves pasado Salgado aseguró entender esa fecha como último día en que los socios pudieron retirar capital sin tributación instantánea, mientras asesores fiscales e inspectores (ver NEGOCIO del 31 de septiembre) consideran que el 23 —antes, por tanto, de que la medida se pudiera conocer— es ya el primer día bajo el nuevo régimen.
Pero, con independencia de ese debate, en absoluto cerrado, expertos como José Manuel Ortiz, de Cuatrecasas, y el socio director de F&J Martín, Javier Martín, señalan que el verdadero riesgo de inconstitucionalidad aflora al introducir la retroactividad en una ley de Presupuestos. Según Martín, la jurisprudencia del TC es "clara", estableciendo dos requisitos para que una norma presupuestaria pueda cambiar cualquier ley de índole fiscal.
Por un lado, que esa ley —en este caso la del IRPF y la del Impuesto sobre Sociedades— permita su modificación a través de una ley de Presupuestos —algo que sí se cumpliría. Por otro, que la alteración llevada a cabo esté relacionada con el "contenido esencial" de la ley de Presupuestos, los ingresos y gastos de un determinado ejercicio.
"Obviamente, esto no se produce" en el caso de las sicav, remarca Martín, dado que los ingresos adicionales que genere la medida no sólo tendrán efectos en 2011, sino que el impacto recaudatorio puede afectar a operativa de este 2010.
Rectificación urgente
Así las cosas, los expertos consultados entienden que al Gobierno no le quedará más remedio que incluir los efectos retroactivos en cualquier otra ley que se vaya a publicar en el BOE antes de final de año, dado que las normas tributarias deben modificarse antes del devengo de los impuestos afectados; en este caso, antes del 31 de diciembre.
Fuentes jurídicas consultadas cuestionan el alcance real del resbalón jurídico que ha dado el Gobierno, al ser subsanable y ante la escasa perspectiva de que puedan producirse grandes reducciones de capital en las sicav tras el aluvión de los últimos años —NEGOCIO del 28 de septiembre—. Además, los jueces ya han avalado —ver opinión— la retroactividad anclada a una ley de acompañamiento a los Presupuestos, si bien no a la propia ley de Presupuestos, que es donde surge ahora el conflicto.
De cualquier forma, los expertos consultados coinciden en que la fórmula utilizada por el Gobierno —fruto de la urgencia por sacar un cambio fiscal escasamente meditado, advierten—, afecta a la inseguridad jurídica y su posible incompatibilidad con la Carta Magna podrá ser utilizada fácilmente por los contribuyentes ante un tribunal.