Tema: ¡Multipliquémonos por 10!

No puedo evitar pensar que hemos dejado caer los brazos y caído en el pesimismo. Talvez la mejor prueba de ello consiste en observar como muchos de nosotros cifran sus esperanzas en la actuación de otros; políticos para más señas. Otro grupo entre los que me incluyo, piensa que no existen motivos para albergar esperanzas de solución que provengan de la misma clase política que ha creado el problema.

Se espera asimismo con frecuencia que un recurso de inconstitucionalidad podría suponer un significativo avance en nuestra posición pero creo que se olvida que es una vía indirecta, que por lo tanto no depende de nosotros y que tiene un plazo de resolución largísimo pero, sobre todo se olvida, que quién finalmente debe dictar sentencia, el Tribunal Constitucional, es otra instancia política más al servicio de esa casta que ha generado el problema.

¿Por qué no somos realistas y aceptamos que a día de hoy no existe solución a la vista?

¿Por qué no aceptamos de una vez que las soluciones que existen no van a poder impedir que el daño se convierta en una realidad efectiva en unos pocos meses?

Ayer estuve viendo un video de alguien que decía que hay que cambiar la forma de pensar para poder cambiar la forma de actuar. Y sin embargo aquí estamos nosotros intentando cambiar cosas sin ninguna baza real que jugar, depositando esperanzas aquí y allá por la simple razón de que es mejor tener una esperanza que no tenerla, aunque ésta no sea más que humo.

Nos la están jugando. Eso está a la vista porque todo lo que vemos no es más que una pantomima para hacer ver una disconformidad con una injusticia que es más una cuestión de imagen que de verdadero sentimiento. Esta injusticia va a provocar muchas salpicaduras y algunos se preparan para que no los alcancen a ellos pero, en el fondo de la cuestión, que el rodillo del Estado pase por encima de 50.000 personas les importa un comino.

Así que hay que cambiar el modo de pensar para hacer otro tipo de cosas que hasta ahora no hemos hecho. Lo contrario, seguir con la misma inercia que llevamos, me parecería como si ya nos hubiéramos dado por vencidos.

Sería estupendo que el Tribunal Constitucional sentenciara dentro de seis años que esta ley vulnera la Constitución, pero sucede que los problemas serios y reales se iniciarán a partir de este verano, sólo a unos meses vista. Por tal motivo no me basta con una solución a seis años y creo que se debe exigir a cualquier propuesta que ofrezca un remedio a más corto plazo.

Volviendo al asunto del cambio de la manera de pensar, me entristece profundamente observar cómo la inmensa mayoría ven el conflicto desde una perspectiva puramente económica lo cual, en mi humilde opinión nos aleja considerablemente de las autenticas soluciones. Siempre he sostenido que esto es, sobre todas las cosas, una cuestión que tiene mucho más que ver con principios y el Estado de derecho que no tenemos, que con horas de sol, zonas climáticas o enmiendas senatoriales. Creo que obviar esta cuestión representa un considerable error que impide un correcto diagnostico de la situación. ¿Es que nadie se ha preguntado cómo es posible que esto pueda suceder? ¿A nadie se le ha derrumbado en su imaginación el tipo de estado en el que creía vivir?

Debemos cambiar la manera de pensar para actuar de manera diferente y así poder cambiar las cosas. Debemos elevar el nivel de nuestras exigencias a aspectos más allá de los puramente económicos y, después de eso, debemos confiar en que sólo el trabajo de todos, basado y guiado por principios sólidos y generales, es la base de la solución. Con ello asimilaremos algo fundamental y es situar la solución en nuestras manos y en nuestro esfuerzo continuado. Si alguna ventaja tenemos en todo esto es que, por lo menos, somos 50.000 personas. Ejércitos mucho menos numerosos ganaron batallas.

“Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican.”
Concepción Arenal 1820-1893. Escritora y socióloga española.

“Una causa bien defendida es una causa justa.”
George Calinescu 1899-1965. Novelista, dramaturgo y poeta rumano.

“Se le otorgará a la Administración pública, a lo más, la presunción de legalidad de sus actos: la seguridad jurídica así lo exige. Pero aquella legitimidad que se reconoce a la conducta de la Administración no pasará de ser una presunción con una significación marcadamente formal. Y será el propio Estado quien articule medios jurídicos con los que pueda ejercer el súbdito ese derecho que si en un principio puede ser de resistencia en función de una reparación individual, más tarde será además de propia y verdadera colaboración a la buena marcha de la función pública”.

Independientemente del mayor o menor éxito que haya ofrecido en cada momento la alternativa democrática a lo largo de la historia de un pueblo, siempre me ha llamado la atención el mecanismo de contrapoderes que se establece, con el fin de preservar —con mayor o menor éxito, insisto— el criterio y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos; e incluso de las minorías. Es, al menos teóricamente, como si el sistema estuviera concebido para lanzar una advertencia permanente a los dirigentes de los distintos poderes, con el fin de recordarles que son servidores del pueblo, aves de paso… O expresado de otra manera, el resultado efímero del continuo devenir de la voluntad de un pueblo.

En todo caso, al margen de otras consideraciones, llama la atención este instrumento, la iniciativa legislativa popular, que puede considerarse como la corona del sistema y, por lo tanto, debería de ser, la última garantía de respeto a la voluntad popular. Algo así, si se me permite la expresión, como el reverso de la moneda del referéndum, ya que la iniciativa legislativa popular emerge —en teoría, al menos— como vía de protección de las minorías, no sólo para abrir debates parlamentarios, sino también para obligar a celebrar consultas generales (el referéndum).

Hay experiencias muy atractivas en este sentido. Entre ellas y sobre todo, la de Suiza, que contempla precisamente la posibilidad de que una iniciativa legislativa popular active obligatoriamente, en ciertos casos, la convocatoria de un referéndum, cuyo resultado debe ser acatado automáticamente por el Gobierno de turno. Algo, por cierto, que en Suiza se ha producido nada menos que en 240 ocasiones durante los últimos 120 años.

Por contraste, lamentablemente, la experiencia de España en este sentido nos conduce a la mismísima antesala del desaliento. Primero, porque al establecer las condiciones de uso de la iniciativa legislativa popular, la normativa contempla tantas cautelas, tantas limitaciones, tantas trabas, que la convierte prácticamente en un instrumento inservible, cuando no inalcanzable. Y además, porque sitúa fuera de su alcance tantas parcelas de la legislación, que ubica realmente hoy este instrumento ciudadano, en el pasillo de los elementos simplemente decorativos del sistema.

La versión española de la iniciativa legislativa popular tiene las puertas cerradas a cualquier propuesta sobre materias reguladas con rango de ley orgánica; es decir, un Estatuto de Autonomía, la Ley Electoral, el Código Penal, la Ley de Educación, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Libertad Sindical, la de Libertad Religiosa… También quedan fuera de su alcance la Ley General Tributaria, la de las Haciendas Locales, la del IRPF, la del IVA o, en general, cualquier ley de ámbito tributario. Y por supuesto, tampoco hay nada que proponer o enmendar en relación con la Constitución, los Presupuestos Generales del Estado, el Consejo Económico y Social, ni ley alguna de carácter internacional. Ni cabe, en fin, promover la convocatoria de un referéndum, que —además— solo tienen carácter consultivo para el Gobierno, por lo que su resultado nunca es de obligado cumplimiento.

Y así, bien se podría afirmar que la montaña parió un ratón… Porque, de hecho, aunque la iniciativa legislativa popular tiene rango constitucional (artículo 87.3), la experiencia de estas tres décadas se resume en tan sólo nueve propuestas —con más de 500.000 avales ciudadanos— aceptadas por la Mesa del Congreso para su debate en el Parlamento.

Y de ellas, solamente una aprobada, que permitió la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.

Si a esta realidad se unen otras como la crisis de la separación de poderes, como consecuencia de la cefalea gubernamental; el acusado intervencionismo —también en asuntos de conciencia—, o la desaparición de la ética como pauta del comportamiento público, la pregunta obligada es: ¿nuestra sociedad emite señales de madurez, como sinónimo de buena salud anímica, o esconde su miseria tras un atractivo trampantojo de ilusiones?


Signo de madurez o trampantojo | Fundación Civil

Gracias a Waiskman por la noticia

ENERGÍA

La DPZ critica al Gobierno por reducir las subvenciones a los huertos solares
ENRIQUE ABENIA. Zaragoza 05/02/2011 a las 04:00

Una moción insta al Ejecutivo central a derogar el carácter retroactivo de la nueva norma.

La Diputación, con el PSOE como cabeza visible del equipo de gobierno, manda un aviso al Ejecutivo central. La institución no está de acuerdo con un nuevo decreto que reduce las primas del Estado a quienes han invertido en huertos solares. La queja se fundamenta en su carácter retroactivo al afectar a los ciudadanos que instalaron una planta fotovoltaica con arreglo a lo que decía la anterior normativa. Debido a la «inseguridad jurídica» resultante, la DPZ aprobó ayer por unanimidad una propuesta socialista en la que se insta al gabinete Zapatero a adoptar «las medidas necesarias para derogar» el decreto de la discordia en lo relativo a las modificaciones retroactivas.

En un segundo punto, la moción del PSOE solicita al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Cortes de Aragón y a la DGA que apoyen su petición ante el Gobierno de España.

El grupo provincial socialista señala en el texto que el Ejecutivo nacional ha variado las normas y la retribución para las inversiones destinadas a producir energía por medio de plantas fotovoltaicas al amparo de un Real Decreto de 2007. En este figuraban las condiciones y precios para las personas que entonces se animaban a habilitar huertos solares en busca de rentabilidad. La norma del pasado diciembre, destinada a la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, cambia el panorama y fija otros baremos, con el consiguiente problema, exponen los socialistas, para quienes suscribieron préstamos con los que ejecutar esa inversión. Una cuantía que no podrán devolver atendiendo a los nuevos precios para la producción de energía fotovoltaica.

«Corren así el riesgo de que el banco les quite la planta y de que pierdan unos ahorros legalmente invertidos bajo una ley aprobada por el Gobierno», reza la moción. Francisco Compés, diputado socialista autor de la misma, sostuvo que la decisión «discrimina» y supone un «abuso del Estado» hacia los que apostaron años atrás por los huertos solares.

Compés recordó que el perfil de afectados corresponde a pequeños ahorradores, algunos de los cuales incluso llegaron a hipotecarse para conseguir una pensión complementaria. El también alcalde de Almonacid de la Sierra no supo precisar el número de personas con plantas fotovoltaicas en Aragón, si bien remarcó que en el conjunto del país habrá unas 55.000 familias que han puesto dinero en estos proyectos.

La iniciativa socialista contó con el respaldo del PAR y CHA (sus socios en el actual mandato) y del PP. Los aragonesistas reprocharon al PSOE que no les hubieran avisado para poder presentar un escrito conjunto. CHA lamentó que la moción se «quede corta» y el PP vio paradójico que «el PSOE le pida al PSOE que cambie algo que ha regulado».





El congreso cuenta con 350 diputados. La mitad son 175 y los suman entre PSOE, PSC y PNV, los autenticos artifices del desaguisado. Todos los demas grupos politicos han manifestado su oposicion, de una manera u otra, a las medidas retroactivas por lo que podriamos tomarles la palabra.

La pregunta es ¿Serian iguales las cosas ante una iniciativa legislativa popular para la derogación de las disposiciones retroactivas?

El próximo 16 de febrero tendrá lugar en Madrid el primer acto oficial de la Fundación Civil. Con independencia de que nuestros objetivos y fines se exponen con claridad en nuestros Estatutos, accesibles en la página web Fundación Civil | Para la recuperación del protagonismo de la Sociedad Civil, los perfilaremos de viva voz, y reafirmaremos nuestra vocación alejada de cualquier iniciativa política directa y dirigida en esencia a que la sociedad civil recupere el protagonismo y ejerza los derechos que deben corresponderle.

Somos conscientes de que el modelo actual del bipartidismo imperfecto y de una clase política cerrada sobre sí misma, se ha traducido en un claro desamparo de la sociedad civil, que, ante la inexistencia de instrumentos eficaces, no encuentra el cauce adecuado para expresar sus ideas, aspiraciones y deseos respecto a la res publicae, y no consigue, por tanto, que esas ideas, sentimientos y aspiraciones tengan cuerpo de realidad en el modelo de convivencia colectiva.

Por ello trataremos, como primera iniciativa de nuestra andadura, algo que debería gozar de una eficacia mucho mayor que la que tiene en la actualidad: la iniciativa legislativa popular. Se trata del modo en el que las propuestas de la sociedad civil pueden llegar al Parlamento y convertirse en un debate, como mínimo, con visos de eficacia real. Suiza es un país ejemplar en este terreno. Los ciudadanos disponen de un instrumento eficaz para hacer llegar a sus órganos legisladores las propuestas articuladas de la sociedad civil.

En prácticamente todos los países democráticos del mundo existe una legislación al respecto. En España también. Sin embargo, el instrumento no se ha demostrado verdaderamente eficaz, entre otras razones porque nuestra legislación sobre la materia es exageradamente restrictiva en contenido y efectos de tales iniciativas. Y, sin embargo, es en teoría y en la práctica de otros países un mecanismo muy ajustado a nuestros propósitos. Examinaremos nuestra legislación, expondremos las ideas clave al respecto y comenzaremos a dar los pasos en la dirección de que ese mecanismo sea reforzado para que pueda convertirse en instrumento útil de estas iniciativas sociales.

No queremos detenernos exclusivamente en el plano de las ideas. Se trata de convertir las ideas en realidades. Para ello es necesaria la acción, y ésta debe desarrollarse dentro de los cauces del Ordenamiento, introduciendo las modificaciones necesarias para que esa acción sea realmente eficaz en el objetivo esencial que, reiteramos, no es otro que la sociedad civil recupere sus derechos y el protagonismo que le corresponde.

Aquellos que estéis interesados en asistir, podéis enviarnos un email a la dirección de correo electrónico administracion@fundacioncivil.org, y atenderemos vuestra petición a la mayor brevedad posible.

Convocatoria al primer acto organizado por la Fundación Civil | Fundación Civil

Interesante Quinto lo de la Fundación Civil, he pedido una invitación para asistir al acto, y si tambien vas a estar, me agradaría mucho conocerte. Si es así, te ruego me envíes un privado.
Este tipo de Fundaciones es un buen eco donde podemos reclamar nuestros derechos y exponer de paso la ilegalidad y abuso de Poder de los Partidos Políticos y del PSOE en particular.
Saludos

El tema de la Fundación Civil, puede ser una plataforma de lanzamiento impresionante.
Si no recuerdo mal, el forero que utiliza el perrito como imagen, se puso en contacto y solicitó en el foro, hace unos dias un artículo para poder remitirlo a la Fundación Civil.

Habida cuenta del "mercadeo, compadreo, sinverguencería, falta de etica" de TODOS LOS POLITICIOS, DE TODOS LOS PARTIDOS, NO ME EXTRAÑARIA NADA QUE PARA MARZO DE 2012 LA FUNDACION CIVIL HAYA CONSTITUIDO UN PARTIDO POLITICO PARA PODER PRESENTARSE A LAS NACIONALES, Y SI EL LIDER FUERA D. MARIO CONDE...... Y NO ES POR COMPARAR CON LA "PRINCESA DEL PUEBLO", PERO SI SE HABLABA QUE "LA PRINCESA" PODIA SER LA TERCERA FUERZA EN DISCORDIA, IMAGINAOS POR UN MOMENTO SI ES D. MARIO CONDE

CONOZCO MUCHA GENTE QUE LE VOTARIA, POR SUPUESTO CUENTA YA CON MI APOYO, VOTO Y TRABAJO.

CON MUCHOS "CONDES" SERIAMOS UNA POTENCIA MUNDIAL DE VERDAD NO COMO EN LOS SUEÑOS DEL DE LA CEJA

GGP, que sana envidia me das.

Espero que nos cuentes tu opinión sobre la puesta de largo de la Fundación.
Yo ya he solicitado la entrada para Egética para asistir a la Asamblea de Anper el 17

Nuestros políticos demuestran continuamente estar alejados de la ciudadanía que los votó. Una vez han llegado al "selecto club" parecen pensar que se encuentran por encima del bien y del mal. Olvidan que están donde están por el pueblo y para el pueblo.

Me parece muy buena iniciativa.

No hacen falta muchas palabras para definir lo que estamos observando.

Pantomima.

2. f. Comedia, farsa, acción de fingir algo que no se siente.


Eso es lo que ha sucedido hoy en el Senado y lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. La pantomima es mucho mas amplia y compleja de lo que hoy se percibe como evidente que es solo la punta de ese iceberg, pero huelga explicarlo porque no sería entendido. Talvez este otoño cambien las circunstancias.

Junto a la pantomima existe otra caracteristica de esta actuación y es la necesidad imperiosa que siente todo politico de apuntarse tantos, evitando al mismo tiempo, que sean sus contrarios quienes se los apunten. Por este razonamiento incluso se votará a favor de una injusticia manifiesta y el rodillo del Estado pasará y aplastará lo que haga falta.

Existen una serie de atributos de la persona que son reconocidos por todos en términos positivos como son el esfuerzo, la valentía y el tesón. Hoy se valoran aún mas por su escasez.

Pero estos no son a día de hoy nuestros atributos. Somos conocidos y reconocidos por otros atributos muy diferentes, con unas connotaciones absolutamente negativas, como por ejemplo tramposos, timadores, especuladores y cazaprimas.

Siendo inocente ya es dificil esperar un trato justo de esta sociedad y su clase politica pero si encima vas con ese sambenito se debe concluir que todo el pescado está vendido y no existe la mas minima opción porque si no eres respetado no puedes esperar un trato justo.

Por eso creo en la opción de la iniciativa legislativa popular ILP, porque no es un camino facil. Hace falta esfuerzo, valentía y tesón para llevar a buen termino esa empresa, pero creo que sería algo que merecería la pena. Romperiamos muchos esquemas y empezariamos a ganarnos un respeto que hoy no tenemos. Solo que habría que pagar el precio y no me refiero a dinero sino a tiempo y dedicación.

¿Y si el tanto no se lo apunta un partido politico determinado sino nosotros?

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

En defensa de la seguridad juridica y de la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho se propone la derogacion de la disposición adicional primera y disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre.

¿Por que no empezamos a creer en nosotros en lugar de en los demás?

1. El derecho de los españoles a intervenir en el proceso legislativo.

De entre los muchos derechos que reconoce la Constitución a los ciudadanos españoles está el de su participación en los asuntos de la vida pública del país. Uno de estos asuntos es el legislativo, el relacionado con la elaboración de leyes. En este sentido, la Carta Magna reconoce el derecho a la Iniciativa Legislativa Popular, de tal manera que se puedan promulgar leyes que son sentidas como necesarias por el pueblo pero cuyos representantes –los partidos políticos- no contemplan. De igual manera, es posible modificar determinados aspectos de una norma. Se trata de un derecho regulado por la Ley Orgánica 3 / 1984 del 26 de marzo, que establece un procedimiento a seguir en la proposición de leyes por parte del pueblo y una serie de limitaciones también.

2. La puesta en marcha.

El primer paso a seguir para promover una ley es constituir una Comisión Promotora, que será el grupo de personas que se involucrará en este proceso. Los requisitos para formar parte de esta comisión son ser mayor de edad y estar inscrito en un censo electoral. Esta delegación deberá presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados un texto articulado de la proposición de Ley precedido de una exposición de motivos, que lo estudiará y se pronunciará al respecto en un plazo máximo de 15 días. En el caso de que negase el inicio del proceso legislativo popular, la Comisión Promotora podrá interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Si por el contrario da el visto bueno, el siguiente paso será el de dotar a la propuesta de Ley de respaldo popular, es decir, iniciar la recogida de firmas.