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La inversión en energía fotovoltaica está en peligro
El Consejo de Ministros aprobará el viernes previsiblemente un recorte de los plazos para las plantas fotovoltaicas
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Silvia Fernández
Las Palmas de Gran Canaria
La inversión en energía fotovoltaica, uno de los pilares del Plan de Energías Renovables (PER) del Gobierno central para conseguir que España cumpla el Protocolo de Kyoto, corre peligro. El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el viernes un nuevo Real Decreto que acorta los plazos de finalización de los proyectos y abre la puerta a una gran inseguridad jurídica.
La inversión fotovoltaica corre peligro. El viernes es previsible que el Consejo de Ministros apruebe un nuevo Real Decreto, por el que se acortan los plazos para la puesta en marcha de los proyectos que están ejecutándose, lo que supondrá un recorte drástico en la tarifa a la que está pactada la compra de la producción. Actualmente, la tarifa de compra del kilowatio hora (kwh) está fijada en 44 céntimos de euros para los proyectos de hasta 100 kilowatios y de 41,75 céntimos de euros para los hasta 10 megawatios. Tras la aprobación del nuevo Real Decreto este viernes y su entrada en vigor el 1 de agosto, los proyectos que estén en fase de ejecución y que no comiencen a funcionar en un año -el plazo para la puesta en marcha de una planta fotovoltaica suele ser de dos a tres años- se encontrarán con una tarifa de compra por kilowatio hora de tan sólo 8 céntimos de euro. Un precio que supone que la inversión en plantas fotovoltaicas no sea rentables y frene la intención de muchos promotores.
La situación es especialmente grave para Canarias, donde la mayoría de los proyectos que cuentan con avales para poner en marcha una planta fotovoltaica están en fase inicial y no podrán concluirse en un año. En la actualidad, en el Archipiélago se han presentado diversos proyectos para 200 megawatios de potencia y por valor de 1.000 millones de euros; mientras que instalada sólo hay una potencia de entre 13 y 14 megawatios.
El Plan de Energías Renovables (PER) del Gobierno central contempla como objetivo que para finales de 2010 haya 371 megawatios de potencia instalada de energía fotovoltaica en todo el Estado. En su día, el Gobierno determinó que cuando se alcanzara el 85% de ese total (315 megawatios) haría público un anuncio para conceder un plazo de 12 meses para que los promotores tuvieran tiempo de concluir su instalación. Además, los inversores que tuvieran su planta en este plazo se acogerían a la tarifa anterior (hoy actual) de 44 céntimos de euro. Sin embargo, según señalan fuentes cercanas al sector, Madrid ha decidido sacar este anuncio a través del Real Decreto del viernes, antes de alcanzarse el 85% anteriormente citado y al que previsiblemente se llegará a finales de este año o principios de 2008. De esta forma, si antes los promotores contaban con un plazo de 18 meses para concluir sus proyectos, ahora, si el Real Decreto se apruebe definitivamente el viernes, se habrán perdido entre seis y siete meses y los inversores sólo dispondrán de un año.
«Es incomprensible. Por un lado, desde el Gobierno se fomentan las energías renovables para cumplir con el Protocolo de Kioto y de otro, van a aprobar un Real Decreto que perjudica en gran medida la proliferación de energías limpias», aseguran fuentes cercanas, que critican el freno que con esta medida va a poner Madrid. «Esto implicará que todo el sector que estaba animado a hacer sus proyectos se tiene que quedar parado», agregan.
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Rectificacion de rectificacion
Hola a todos
Si no lo entiendo mal, en la primera corrección de errores establecían el plazo mínimo en 6 meses, lo cual provocaba una tremenda incertidumbre a la hora de abordar un proyecto a partir de la publicación del 85%, teniendo incluso concedida la Autorización Administrativa y resueltos los diversos trámites urbanísticos.
En la segunda corrección (26 de julio), aparentemente reestablecen ese plazo mínimo en 12 meses, lo cual tranquiliza mucho más.
Saludos
Rectificacion de rectificacion
Hola a todos
Si no lo entiendo mal, en la primera corrección de errores establecían el plazo mínimo en 6 meses, lo cual provocaba una tremenda incertidumbre a la hora de abordar un proyecto a partir de la publicación del 85%, teniendo incluso concedida la Autorización Administrativa y resueltos los diversos trámites urbanísticos.
En la segunda corrección (26 de julio), aparentemente reestablecen ese plazo mínimo en 12 meses, lo cual tranquiliza mucho más.
Saludos