No se si teneis noticia (no he encontrado ninguna referencia en el foro) de la carta enviada por APPA, ASIF y AEE a Montilla sobre el real decreto. Por si acaso pongo una URL donde se puede leer

www.appa.es/10info/appa_info/APPAInfo22.pdf

Es muy interesante. En especial el parrafo que hace referencia al nuevo marco regulatorio que se esta diseñando al margen de estas entidades, pero del que parecen conocer detalles preocupantes para el sector. ¿Conoceis alguno delles sobre el nuevo marco?.

No se si ha habido más iniciativas de estas asociaciones o de otras para perseguir el tema de la inconstitucionalidad, pero al menos parece que hay movimiento en contra

Saludos a todos

Disculpa por el despiste debido a la vuelta de las vacaciones. He visto el mensaje de tusasolar, en el que se habla ya de esta carta y de algún indicio del nuevo marco

Pego una nota.

"EolicCat en desacuerdo con el nuevo modelo de retribución para las energías renovables
La asociación EolicCat, que agrupa a 50 empresas que operan en el sector eólico de Cataluña, ha mostrado su apoyo a la carta que tres patronales del sector de las energías renovables de ámbito estatal han dirigido al hasta ahora ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, para manifestar su desacuerdo con el nuevo modelo de retribución para este tipo de energías.
La carta, firmada por la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), señala que la intención del Gobierno de modificar el modelo actual desvinculando el aumento de la tarifa eléctrica de la retribución que reciben las renovables, dificultaría el acceso a la financiación de estas energías, crea incertidumbre y puede suponer un estancamiento de las inversiones.
Por ello, EolicCat también pide la paralización del proceso normativo y el inicio de un amplio debate entre el Ministerio y las asociaciones para abordar el proceso de revisión del marco regulador.
Según EolicCat esta nueva regulación promovida desde el Ministerio con el Real Decreto 7/2006 del 23 de julio pondría en peligro la inversión de 3.500 millones de euros de capital privado en la comunidad catalana y la creación de 1.000 puestos de trabajo."

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