Hace unas semanas el presidente del gobierno rechazó llevar adelante una subida de las tarifas eléctricas para los hogares que estaba pactada y cantada y que tenia por objeto empezar a andar el camino para la eliminación del déficit tarifario. De este modo una posible solución al problema quedó descartada en contra de la opinión de los técnicos por lo que ahora se hace necesario encontrar otra solución diferente al mismo problema.
Según parece, cuando en el gobierno hacen las cuentas se descubre que el responsable de este déficit es el sector de las energías renovables así que han visto dos posibles vías para solucionar el problema:
1.- Acabar con el desarrollo de las renovables para no seguir aumentando el déficit.
2.- Cargar la cuenta del déficit tarifario a los presupuestos generales del estado.
El problema que les surge con la primera opción es que deben respetar las garantías jurídicas existentes y los derechos consolidados de los productores. Esto lo hacen a desgana pero el resultado es que lo que hay se queda.
Respecto a lo que viene, al futuro, la cosa está bastante mas clara. No se puede cortar el desarrollo del sector de una manera clara y directa ya que esto provocaría una mala imagen. ¿Cuál es entonces la opción? Pues se recurre a aumentar la inseguridad jurídica. De todos es sabido que uno de los requisitos de la inversión empresarial es la seguridad. Si aumentamos la inseguridad se reduce la inversión y mucha gente abandonará los proyectos que tiene en marcha porque no le ofrecen las garantías mínimas necesarias.
No creo que este baile de decretos sea solo incompetencia, en el fondo el mensaje que se transmite es ¡marchaos de aquí!


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