Tema: La responsabilidad del Estado

Hace semanas inicié un hilo que ha quedado sepultado en la boragine posterior. Tenia una clara intencion que ahora me parece mucho mas justificada por los acontecimientos. Su título no correspondia con su esencia por lo que ahora me permito rescatarlo y ampliarlo. Empezaba así.



Tengo miedo ¿continúo?

En este sentido va alguna pregunta presentada en este foro y, sin la menor duda, la inquietud de todos aquellos que han iniciado los trámites para construir una instalación solar. Muchos habrán incurrido ya en considerables gastos e inversión de tiempo. Proyectos, avales, licencias, todo hay que pagarlo en la esperanza de tener en el futuro una instalación y recuperar así los gastos.

Pero las esperanzas se hunden y no por causa del mercado o los tiempos sino por puro y simple interés político. Nuestro Ministerio de Industria ha situado entre los proscritos a las energías renovables y, a la fotovoltaica, en particular. Ya sólo nos faltaría ver un cartel con el membrete del Ministerio pidiendo la cabeza de la fotovoltaica viva o muerta. Y todo esto infunde mucho miedo porque ya no existe nada seguro y todas las garantías se han convertido de pronto en papel mojado.

Sebastián se ha encargado de dejar bien claro, sin el menor margen de duda, que no existe nada que pueda impedir que “por interés público” pueda hacer lo que le de la gana con las tarifas y que los intereses privados en presencia o no pintan nada en todo este asunto o son prácticamente irrelevantes. La verdad es que lo suyo no es interés público porque se trata de simple interés político pero ¿qué le vamos a hacer?, él es el Ministro.

El mensaje enviado a los inversores, por naturaleza más asustadizos que un caballo, es igualmente claro e inequívoco, tan claro como si dijera que no se van a respetar las inversiones porque, si se quiebran las garantías, las inversiones no valen nada. Ese trabajo de desprestigio, de quiebra de la seguridad, de transmitir miedo en definitiva, ya está hecho y nosotros somos sus destinatarios.

A estas alturas pocos dudan que todo sea posible y, por esa razón, muchos inversores que pusieron sus ahorros en una planta solar, ahora estarían dispuestos a salir del sector aunque sólo fuera con una miserable indemnización que ni siquiera cubriera la totalidad de los gastos y tiempo invertidos.

No soy dado a los consejos, las decisiones se toman en función de circunstancias y apreciaciones personales y nadie es capaz de ponerse en el pellejo del otro, el consejo recoge el punto de vista del que lo da pero no del que lo recibe. En cualquier caso tengo claro que, en las actuales circunstancias, no haría nada ni aún en el supuesto de que ya hubiera incurrido en importantes gastos. Antes resignarse a perder estos gastos que arriesgarse a perder mucho más. Necesitaría al menos una norma con el carácter de Ley, la tan nombrada Ley de Energías Renovables, para curarme del susto y aún así ya veríamos.

Es muy duro resignarse a perder por una situación injusta que uno mismo no ha provocado. Esta resignación, que nos convierte en corderos, consiste en aceptar el yugo y cargar con las culpas de otro, en este caso, descargando y dejando vacía de contenido la responsabilidad patrimonial del Estado, un bonito concepto que aparece en las leyes y desaparece en la realidad.

Un mal funcionamiento de los servicios públicos. Esa es la base de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Pero ¿se puede dar sin una publicación del RD? ¿Cuando han dado marcha atrás?

¿Cuantos de vosotros habéis renunciado a la inversión prevista?
¿Cuantos tenéis clientes que se han rajado?

Está claro que con Real Decreto o sin el, con retroactividad o sin ella, el Estado ha funcionado rematadamente mal y sino que se lo cuenten a Solaria o T-solar que tuvieron que abortar sus salidas a bolsa.

Ha quedado demostrado que la seguridad jurídica, que recordemos que es un derecho constitucional, se puede derrumbar sin necesidad de que el BOE publique ni una sola palabra. Basta para ello que el Estado abdique del Estado de Derecho y que lo manifieste con cualquiera de las múltiples formas de expresión de que dispone. Puede incluso derrumbarse por la simple omisión de no salir al paso de unos rumores y transmitir la seguridad que corresponde al Estado.

Si derrumbar la seguridad jurídica puede hacerse por omisión, imaginaros en que categoría encaja la actuación del Ministerio que dirige Miguel Sebastián al que el calificativo de bombero pirómano se le queda bien corto.

A esto no hay derecho. El esfuerzo y los recursos de las personas no se pueden ir al garete porque a un “responsable” le de un ataque de irresponsabilidad. Tenemos una inmensidad de pruebas de que, contrariamente a lo que debería, Miguel Sebastián ha actuado de manera irresponsable arruinando con ello la seguridad jurídica de este país y, de camino, las esperanzas y futuro de muchos.

Esto es claramente un mal funcionamiento de los servicios públicos y estos tienen una responsabilidad propia que se genera cuando la obligación de resarcir el daño deriva de la acción u omisión que infringe el principio general de no causar daño a otro. Como bien lo señaló Hariou el sentimiento del colectivo respecto al Poder Público se expresa en dos axiomas: “que actúe, pero que obedezca la ley, que actué pero que pague el perjuicio».

Hagámoslo, ¡que paguen el perjuicio!

En caso contrario me temo que seguiremos pareciendo débiles y ya se sabe que no existe mayor debilidad que parecer débil.