Todas las discusiones sobre como debe ser retribuida la FV (TMR, precio inicial+IPC etc...) están muy bien y son muy bonitas, sobretodo para los que no se juegan su dinero, pero en un estado de derecho hay que respetar la legalidad, y la legalidad es que el RD 436/2004 tiene una fecha de caducidad no conocida pero sí legalmente definida (2º año posterior a aquel en que se publique su revisión, y sigue siendo aplicable a todas las instalaciones que entren en funcionamiento antes de esta fecha)
La seguridad jurídica en un estado de derecho prima sobre las opiniones técnicas o económicas (por muy documentadas que sean éstas), así que para el futuro (cuando se cumplan las condiciones legalmente establecidas para entrada en vigor de la revisión del RD 436/2004), que el Gobierno haga lo que parezca que debe hacer, que para eso han obtenido un número de votos suficiente para gobernar, pero que no derogue de forma ilegítima (expresa o encubierta) la legalidad vigente.
Por poner un paralelismo, es como si cuando Boyer (antiguo ministro de Economía del PSOE para los que seais jóvenes y no lo conozcais) cambió la Ley de Arrendamientos Urbanos hubiera dicho: los contratos de alquiler de renta antigua son ruinosos para los arrendadores (lo que desde el punto de vista económico es una opinión irrefutable), así que derogamos la ley anterior y a tomar por saco, que se fastidien los inquilinos y paguen el precio de mercado, que es lo lógico desde un punto de vista económico.
¿Hizo eso el PSOE entonces? No ¿ por qué? Por muchas razones, una de ellas el respeto a la legalidad vigente y los derechos constitucionales (vivienda y seguridad jurídica), por encima de los criterios técnicos y económicos que hubieran aconsejado un mayor liberalismo en las rentas de alquiler. Pues en este caso (salvando la trascendencia social que tienenlos temas de vivienda, que la FV no tiene) se trata de lo mismo: de legislar lo que legítimamente puedan legislar, respetando la legalidad y los principios constitucionales (seguridad jurídica)
Lo demás, pensar que una opinión técnica o económica debe primar sobre la legalidad, nos lleva a cargarnos el estado de derecho (cuando este criterio lo aplica el Gobierno, claro está, porque si es una opinión de un particular afortunadamente es intrascendente), que es un elemento imprescindible de la democracia.